El gobierno de Trump ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por sus políticas de inmigración, alegando que la ley municipal discrimina a las fuerzas del orden federales al tratarlas de manera diferente a otras autoridades policiales.
La demanda se presentó en el Distrito Central de California y señala en la parte superior que Donald Trump “hizo campaña y ganó las elecciones presidenciales con la idea de deportar a los millones de inmigrantes ilegales que la administración anterior permitió, mediante su política de fronteras abiertas, ingresar al país ilegalmente”.
La demanda, que incluye como acusados a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, al ayuntamiento y a su presidenta, Marqueece Harris-Dawson, afirma que las leyes y políticas de Los Ángeles obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración.
“Las políticas de santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles”, declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado. Jurisdicciones como Los Ángeles, que violan la ley federal al priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando la aplicación de la ley en todos los niveles; esto termina con el presidente Trump.
La demanda se presenta semanas después de que estallaran en Los Ángeles las protestas contra las deportaciones del gobierno. Los manifestantes, junto con Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, se han convertido en blancos clave para Trump y sus aliados.
El gobierno de Trump ha adoptado un enfoque agresivo en materia de inmigración, reasignando recursos de otras áreas a la aplicación de la ley. Una de las primeras medidas de Bondi como fiscal general fue anunciar una demanda contra Nueva York por sus políticas de “santuario”.
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