Agentes de las fuerzas del orden respondieron con uso excesivo de la fuerza y una brutalidad deliberada a las protestas contra las redadas migratorias llevadas a cabo en Los Ángeles, California, y sus alrededores entre el 6 y el 14 de junio de 2025, señaló hoy Human Rights Watch.
Los agentes dispararon gases lacrimógenos, proyectiles de gas pimienta, balas de espuma dura y granadas aturdidoras directamente contra manifestantes, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar a menudo a corta distancia y, en muchos casos, sin previo aviso ni provocación. Decenas de personas resultaron heridas, con lesiones que iban desde hematomas y laceraciones graves hasta fracturas, conmociones cerebrales, la amputación de un dedo y lesiones oculares severas.
“Las redadas migratorias masivas han sembrado el terror en comunidades de todo Los Ángeles y han llevado a miles de personas a salir a la calle en señal de protesta”, afirmó Ida Sawyer, directora del departamento de crisis, conflicto y armas de Human Rights Watch. “La respuesta agresiva de las fuerzas del orden locales, estatales y federales ha reprimido violentamente el derecho de la población a expresar legalmente su indignación y el derecho de los medios de comunicación a informar con seguridad”.
Las protestas estallaron tras una fuerte intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles y sus alrededores, como resultado de las órdenes del gobierno de Trump al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de aumentar las detenciones diarias de personas inmigrantes en situación irregular. Agentes federales fuertemente armados irrumpieron en tiendas, almacenes, hoteles, restaurantes, granjas, centros de lavado de autos, puestos de tacos y otros centros de trabajo, deteniendo a personas sospechosas de no tener documentos, con el objetivo de deportarlas.
Entre el 10 y el 14 de junio, Human Rights Watch estuvo presente en varias protestas y visitó lugares donde se llevaron a cabo redadas del ICE en Los Ángeles y sus alrededores. Entrevistó a 39 personas, entre ellas manifestantes, periodistas, observadores legales, personal voluntario médico de calle, defensores de los derechos de las personas migrantes, organizadores comunitarios y otras personas afectadas por las redadas. Los investigadores analizaron demandas judiciales, documentos del Club de Prensa de Los Ángeles, informes de los medios de comunicación, así como fotos y videos que se grabaron durante las protestas y se publicaron en las redes sociales o se compartieron directamente con los investigadores.
Human Rights Watch documentó 65 casos en los que agentes de distintas fuerzas del orden —a nivel local, estatal y federal— causaron lesiones a manifestantes, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, es probable que el número real sea mucho mayor. En las tres semanas posteriores al 6 de junio, más de 280 personas se pusieron en contacto con La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) del sur de California, la mayoría para denunciar que habían resultado heridas a manos de agentes mientras participaban en actividades de protesta.
Las primeras protestas de gran escala comenzaron el 6 de junio, cuando agentes del ICE llevaron a cabo redadas en varios lugares, entre ellos dos instalaciones de Ambiance Apparel en el distrito de la moda de Los Ángeles. El 7 de junio, un grupo de manifestantes se enfrentó a agentes federales armados y agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) en el suburbio de Paramount, frente a una tienda Home Depot cercana a un parque de oficinas donde se había informado de una redada inminente.
Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una directiva en la que afirmaba que las protestas en Los Ángeles “constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”, ordenó la intervención de la Guardia Nacional y autorizó el despliegue de “cualquier otro integrante de las Fuerzas Armadas regulares que resultara necesario”. El 9 de junio, su administración movilizó a 700 infantes de marina en servicio activo para unirse a varios miles de soldados de la Guardia Nacional, que en su mayoría se encargaban de custodiar edificios federales. Aunque las autoridades locales y estatales expresaron su rechazo a estas acciones, la policía local reprimió las protestas con agresividad.
Desde el 6 de junio y al menos hasta el 14 de junio, manifestantes se congregaron a diario frente al Centro Metropolitano de Detención, donde permanecían retenidas muchas personas en situación irregular. También se realizaron protestas frente a otros edificios gubernamentales en el centro de Los Ángeles y sus alrededores.
Human Rights Watch fue testigo en múltiples ocasiones y documentó cómo agentes de las fuerzas del orden obligaban a manifestantes a abandonar determinadas zonas, a menudo sin justificación aparente y sin emitir órdenes de dispersión claras, audibles o con antelación. Los agentes apuntaban y disparaban con frecuencia armas de “letalidad reducida” directamente contra los manifestantes, en algunos casos a corta distancia, utilizando gases lacrimógenos, pelotas de pimienta, proyectiles de espuma dura y granadas aturdidoras. Aunque estas armas no son tan letales como las balas, pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
Human Rights Watch documentó 39 casos de periodistas heridos por las fuerzas del orden, la mayoría de los cuales llevaban cámaras y credenciales de prensa visibles. Varios habrían sido blanco de ataques deliberados. El 8 de junio, un oficial de policía disparó un proyectil de impacto cinético directamente a Lauren Tomasi, periodista australiana de 9News, mientras informaba en vivo por televisión desde el centro de Los Ángeles, dejándole un moretón en la pierna.
El 9 de junio, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) disparó a tres personas —todas reconocidas por su activismo a favor de la rendición de cuentas policial— a muy corta distancia con proyectiles de impacto cinético, provocándoles un dolor intenso durante varios días, según relataron dos de las víctimas y según muestran las grabaciones revisadas por Human Rights Watch. Antes de disparar a una de ellas en la ingle, el agente le dijo: “Te voy a reventar porque me estás distrayendo”.
Un voluntario médico de calle, que él mismo tuvo que ser hospitalizado tras recibir el impacto de un proyectil de espuma dura que le causó una herida profunda y abierta, contó que pasó varias horas en el centro de Los Ángeles el 14 de junio respondiendo a los gritos de auxilio de personas heridas. Entre ellas había manifestantes alcanzados por proyectiles y con sangrado en la cabeza o en la cara, una persona con una pierna fracturada, y otras con dificultades para ver u oír debido a las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos.
Durante las protestas se registraron algunos actos de violencia contra la policía y daños a la propiedad, principalmente en los primeros días. Human Rights Watch halló pruebas de que la mayoría de los actos violentos por parte de manifestantes se produjeron después de los actos de violencia ejercida por las fuerzas del orden, y que solo una pequeña parte del total de personas presentes participó en actos destructivos. En los casos en que algunas personas recurrieron a la violencia o causaron destrozos, la respuesta de los agentes no se dirigió únicamente contra quienes cometieron esos actos, sino que fue generalizada y desproporcionada.
Human Rights Watch concluyó que agentes de las fuerzas del orden cometieron violaciones claras del derecho internacional de los derechos humanos. Estas conclusiones también tienen implicaciones para la protección de los derechos civiles contemplada en la Constitución de Estados Unidos, así para la legislación del estado de California, recientemente modificada, que impone restricciones estrictas sobre cuándo y cómo pueden usar la fuerza los agentes durante protestas, además de establecer protecciones para periodistas que las cubren.
El 31 de julio, Human Rights Watch se dirigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al LAPD y al LASD, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
En una declaración del 23 de junio, el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que el departamento llevaría a cabo “una evaluación exhaustiva de cada incidente en que se utilizó la fuerza” y que actuaría contra cualquier agente “que no haya cumplido” con los estándares del cuerpo. Si bien reconoció que las protestas “en su mayoría se caracterizaron por una expresión pacífica”, señaló que en ocasiones fueron “secuestradas por la violencia, el vandalismo y la agresión criminal” y que “los agentes estaban justificados al actuar con rapidez y mesura para evitar más daños y restablecer la seguridad pública”.
Periodistas, manifestantes y observadores legales han presentado varias demandas contra la ciudad y el condado de Los Ángeles, así como contra el DHS, por los daños sufridos durante estas protestas. Demandas anteriores por abusos cometidos por las fuerzas del orden en protestas en Los Ángeles han supuesto millones de dólares en acuerdos extrajudiciales pagados por la ciudadanía, pero han tenido escaso o nulo impacto en cuanto a la rendición de cuentas de las agencias implicadas y de las autoridades responsables, ni han generado cambios significativos en las prácticas policiales.
“Los agentes de las fuerzas del orden en Los Ángeles emplearon una fuerza brutal, excesiva e injustificada contra personas defensoras de los derechos humanos y contra quienes informaban sobre las protestas”, afirmó Sawyer. “Todas las agencias involucradas deben respetar los derechos a la libertad de expresión y de protesta, proteger a los periodistas y garantizar que quienes cometieron abusos rindan cuentas”.
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