Un juez federal ha ordenado el martes al Gobierno del presidente Donald Trump restaurar los servicios del medio de comunicación financiado por la Administración Voice of America.
La decisión, emitida por el juez Royce Lamberth, responde a una demanda presentada por periodistas y defensores de la libertad de prensa que alegaban que las acciones de la administración violaban leyes federales y la Constitución de Estados Unidos.
El fallo se produce tras una orden ejecutiva emitida en marzo por el presidente Trump, que suspendió las actividades de VOA y otras emisoras financiadas por el gobierno, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks. Más de mil empleados y contratistas fueron puestos en licencia administrativa o enfrentaron despidos, y las oficinas de VOA en Washington fueron cerradas.
La administración argumentó que estas medidas eran parte de una reestructuración para alinear las operaciones con los valores proestadounidenses y eliminar gastos innecesarios. Sin embargo, el juez Lamberth calificó estas acciones como “arbitrarias y caprichosas”, señalando la ausencia de un análisis razonado y la violación de múltiples leyes federales.
Así mismo, destacó que la suspensión de las transmisiones de VOA, por primera vez en sus 80 años de historia, privó a millones de personas en todo el mundo de una fuente confiable de noticias, especialmente en regiones sin prensa libre .
La periodista Patsy Widakuswara, jefa de la oficina de la Casa Blanca de VOA y una de las demandantes, expresó su satisfacción con el fallo, aunque anticipó una posible apelación por parte del gobierno. “Esto no se trata solo de nuestros empleos y la libertad periodística, sino de la seguridad nacional”, afirmó, subrayando que cada día sin las transmisiones de VOA es una oportunidad para que adversarios llenen el vacío informativo con desinformación y propaganda antiestadounidense.
El juez también señaló que la administración no podía justificar la suspensión de las operaciones de VOA al afirmar que no se trataba de una clausura definitiva, sino de una “pausa” temporal.
Por lo que consideró este argumento como problemático, especialmente dado que el presidente Trump había aprobado previamente una medida de financiamiento para la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM), sin buscar su suspensión.
La decisión judicial no solo obliga a la reinstalación de los empleados y la reanudación de las transmisiones, sino que también subraya la importancia de la independencia editorial y la integridad periodística en las emisoras financiadas por el gobierno.
Organizaciones como la Asociación del Servicio Exterior de EE. UU. y Reporteros Sin Fronteras han elogiado el fallo como una victoria para la libertad de prensa y la democracia.
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