California está por imponer nuevas restricciones a su fondo de ayuda legal, que a menudo es usado por inmigrantes indocumentados. Los defensores dicen que, con todas las acciones federales recientes contra la inmigración, el momento no podría ser peor.
A partir del próximo año, los inmigrantes con condenas por delitos graves o violentos ya no serán elegibles para recibir servicios financiados por el Fondo de Igualdad de Acceso (Equal Access Fund en inglés), una fuente importante de apoyo para asistencia legal a personas de bajos ingresos.
Esto preocupa mucho a defensores como Bruno Huizar, del California Immigrant Policy Center.
“En un momento en que agentes federales han arrestado a más de 1,600 personas en el sur de California, separando familias, violando derechos constitucionales y aterrorizando vecindarios”, dijo, “ahora no es momento de agregar restricciones que excluyan a las personas del acceso a servicios que les cambian la vida”.
Él señala que la decisión es un retroceso en el avance para asegurar que todas las personas tengan acceso al debido proceso cuando enfrentan detención y deportación, y que además castiga dos veces a los inmigrantes con antecedentes penales por errores que ya cometieron.
“Mucha gente ya cumplió sus sentencias, fue liberada por un juez y ha reconstruido su vida”, explicó. “Excluir a las personas del apoyo legal no solo crea un sistema de justicia de dos niveles, que trata diferente a las personas según dónde nacieron, sino que también aumenta el riesgo de detenciones inhumanas, deportaciones erróneas y separaciones familiares permanentes.”
Lorin Klein es directora de defensa en la Legal Aid Association of California, una asociación estatal que agrupa a 115 organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal civil gratuita a personas de bajos ingresos. Estas organizaciones reciben fondos del Fondo de Igualdad de Acceso para ofrecer servicios legales civiles, que incluyen vivienda, salud e inmigración.
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