La violenta campaña de redadas y detenciones llevada a cabo por el gobierno federal de Estados Unidos durante el verano de 2025 en Los Ángeles ha sentado las bases para que abusos similares se repitan en ciudades de todo el país, señaló hoy Human Rights Watch. Tanto entonces como ahora, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y siembran miedo en las comunidades.
Desde finales de mayo, ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales han realizado cientos de redadas en Los Ángeles y sus alrededores en lugares donde las personas latinas trabajan, compran, comen y viven, actuando con violencia y sin respeto por los derechos humanos. Agentes de ICE han detenido a vendedores ambulantes y a su clientela. Han irrumpido en autolavados y otros negocios con personal latino, y han intervenido en aparcamientos de Home Depot, donde personas buscan empleo. Funcionarios federales han reconocido que los agentes consideran la raza, la etnia y el origen nacional percibidos como factores clave para decidir a quién detener.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está llevando a cabo campañas similares en otras ciudades de Estados Unidos. La ley federal de presupuesto para 2025 aprobada en julio destina una cifra sin precedentes de US$170.000 millones al control fronterizo, la detención y las deportaciones.
“Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles, y han continuado e incluso ampliado sus tácticas a medida que se han extendido a otras ciudades del país”, afirmó John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos en Human Rights Watch. “Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la crueldad de las políticas migratorias de la administración Trump”.
Estas redadas generalizadas siguieron al llamado de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, a finales de mayo, para que las autoridades migratorias aumentaran sustancialmente el número de personas indocumentadas detenidas para su deportación. En ese momento, el presidente Trump publicó en Truth Social que pretendía “liberar Los Ángeles de la invasión inmigrante”.
Human Rights Watch analizó videos, fotografías y testimonios difundidos en medios de comunicación y redes sociales, y entrevistó a 39 personas, entre ellas algunas que habían sido detenidas y luego liberadas, familiares de personas detenidas y deportadas, testigos, integrantes de organizaciones que brindan servicios a comunidades latinas afectadas y un funcionario del condado de Los Ángeles.
El análisis de Human Rights Watch sobre datos de detenciones a cargo de ICE —excluyendo los arrestos realizados por CBP u otras agencias— confirma que, entre el 28 de mayo y el 28 de julio, agentes de la Oficina de Ejecución y Deportación de ICE incrementaron de forma drástica las detenciones, dirigidas en gran medida contra personas sin antecedentes penales violentos o incluso sin historial delictivo alguno en EE.UU. En la mayoría de los casos, las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención de ICE mientras avanzaban sus procesos de deportación. Algunas personas entrevistadas señalaron que funcionarios las presionaron indebidamente para que aceptaran una “salida voluntaria”. Los datos también muestran que los agentes de ICE detienen a personas basándose en su raza, etnia y origen nacional percibidos.
Las redadas documentadas por Human Rights Watch entre junio y septiembre se realizaron sin previo aviso: agentes en vehículos sin identificación se acercaban, saltaban y rodeaban a las personas que tenían como objetivo. La cobertura en prensa y redes sociales sobre otras redadas confirman un patrón operativo similar.
Testigos y registros audiovisuales muestran que los agentes suelen portar armamento de estilo militar, a veces vestidos de civil y otras con indumentaria táctica, y con frecuencia cubren sus rostros con máscaras, ocultando sus identidades y proyectando una imagen peligrosa y de aparente impunidad. Se han registrado casos de usoexcesivo de la fuerza, incluida la rotura de ventanillas y la extracción por la fuerza de personas que se encontraban dentro de los vehículos.
Personas detenidas y sus familiares describieron maltratos durante el traslado y en detención. Indicaron que las mantuvieron esposadas durante largos períodos, les negaron comida y agua, les obligaron a dormir en el suelo y les impidieron comunicarse con sus familias y con sus representantes legales.
Personas con familiares detenidos relataron graves consecuencias derivadas de estas redadas: sufrimiento emocional y físico por la separación, crisis económicas y grandes dificultades para cubrir gastos de cuidado infantil, de personas mayores o de familiares con discapacidad.
Estas operaciones también han limitado y disuadido a muchas personas latinas de participar en la vida pública de Los Ángeles. Las personas inmigrantes entrevistadas coincidieron en que ahora temen aparecer en espacios públicos, lo que ha provocado que se pierdan ceremonias de graduación, citas médicas y días de trabajo.
En Los Ángeles, la comunidad se ha movilizado para protestar, informar a las personas sobre sus derechos, grabar las actuaciones de agentes federales, organizar redes de alerta ante redadas y brindar apoyo a quienes se ven obligados a ocultarse.
“El gobierno de Estados Unidos está cometiendo abusos y sumiendo a las comunidades latinas en un estado de terror”, afirmó Raphling. “Aumentar de manera desproporcionada la financiación de ICE, en un contexto en el que sus abusos quedan completamente impunes, solo acarreará daños incalculables”.
Redadas generalizadas
Desde finales de mayo, las autoridades federales han desplegado numerosos equipos de agentes en la región de Los Ángeles para llevar a cabo redadas rápidas en lugares donde las personas latinas trabajan o se reúnen. Estas operaciones se han centrado en aparcamientos de Home Depot y otros puntos donde se busca empleo como jornalero, negocios de lavado de autos, mercadillos, centros comerciales, restaurantes, camiones de comida, puestos ambulantes y explotaciones agrícolas. Los agentes han detenido a personas trabajadoras, clientes, vendedoras y vendedores, e incluso estudiantes.
Agentes federales llevaron a cabo las redadas —en la mayoría de los casos documentadas y observadas a través de redes sociales y medios de comunicación— convergiendo sobre una persona, un grupo de personas o un negocio identificado como objetivo en vehículos sin distintivos, para luego agarrar y esposar a las personas, y en ocasiones subirlas a sus vehículos sin intentar siquiera verificar su situación migratoria.
Con frecuencia, los agentes actuaban con el rostro cubierto e iban vestidos de civil o con indumentaria de estilo militar. A menudo su ropa no contenía insignias que permitieran identificar a la agencia responsable. En la mayoría de los vídeos analizados por Human Rights Watch, y según los testimonios recabados, los agentes portaban armas de fuego, incluidos rifles de uso militar. En estos operativos, agentes arrestan a parte de las personas que detienen y las trasladan después a un centro de detención.
Los datos disponibles para Human Rights Watch abarcan solo hasta finales de julio, pero las entrevistas documentaron redadas hasta septiembre. Al momento de la publicación, las redes sociales y la cobertura informativa indican que las redadas en Los Ángeles continúan.
El análisis de los datos confirma un fuerte aumento de las detenciones durante el periodo de intensificación de las redadas, del 28 de mayo al 28 de julio, último día con información disponible. En ese tiempo, únicamente ICE —sin contar los arrestos realizados por CBP u otras agencias en Los Ángeles— detuvo a un promedio de 540 personas por semana. Se trata de un incremento notable en comparación con el promedio de 139 detenciones semanales registrado desde la investidura del presidente Trump hasta el inicio de estas redadas, y frente a las 87 semanales durante los 16 meses previos a su llegada a la presidencia.
Según testigos, agentes de ICE y CBP detuvieron a personas y las llevaron bajo custodia aparentemente sin conocer previamente su identidad. Relataron que los agentes detuvieron a todas las personas latinas que se encontraban en determinados lugares vendiendo comida o buscando trabajo, sin pedirles ningún tipo de identificación. Estas acciones sugieren que los agentes decidían a quién detener basándose en suposiciones sobre su situación migratoria debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos, o por encontrarse en un lugar o ejercer un trabajo que, a juicio de los agentes, les hacía parecer más sospechosos.
La población latina, que representa casi la mitad de la población de Los Ángeles, está fuertemente concentrada en determinados sectores, especialmente la construcción, los servicios de alimentación, el trabajo agrícola y la producción textil.
Agentes federales detuvieron también a personas ciudadanas estadounidenses o con autorización legal para permanecer en el país, lo que evidencia aún más que los agentes no contaban con criterios fiables para practicar detenciones.
Funcionarios federales han reconocido en procesos judiciales que están deteniendo a personas basándose en su raza, etnia u origen nacional percibidos, su ubicación u ocupación, y/o el uso del español. El 11 de julio, un tribunal federal de distrito en Los Ángeles emitió una orden de restricción temporal que prohíbe realizar detenciones basadas únicamente en estos factores. El DHS, al solicitar al Tribunal Supremo suspender esa orden, argumentó que impedir el uso exclusivo de esos criterios “frustraría […] la aplicación de las leyes de inmigración en [Los Ángeles]”. El 8 de septiembre, el Tribunal Supremo suspendió la orden, otorgando libertad de actuación a ICE al menos hasta que se adopte una decisión definitiva.
Los datos de ICE no indican directamente si las detenciones se realizaron en virtud de una orden previa o del conocimiento del estatus migratorio de las personas. Sin embargo, el análisis de la información disponible apunta a que muchos arrestos se produjeron tras observaciones consideradas sospechosas por los agentes, como la raza, la etnia o el origen nacional percibidos de una persona, la lengua que habla, el lugar donde se encuentra y su ocupación.
Antes de finales de mayo, aproximadamente el 50 % de las personas detenidas por ICE tenían órdenes administrativas o judiciales de expulsión, lo que significa que las autoridades ya sabían que eran deportables. Entre el 28 de mayo y el 28 de julio, este porcentaje cayó al 25 %. Estos datos no incluyen a quienes fueron detenidos y posteriormente liberados al comprobarse que tenían estatus legal.
Inmediatamente después de la entrada en vigor de la orden de restricción temporal, el número de detenciones se desplomó un 64 %, de 104 al día a 38, lo que refuerza la evidencia de que las detenciones basadas en las características señaladas en la orden eran un componente central de la operación.
You must be logged in to post a comment Login