La indignación ciudadana ha vuelto a estallar en el exclusivo distrito de Fairfax. Apenas dos años después de que una intervención municipal de emergencia lograra retirar toneladas de residuos acumulados, el tristemente célebre “vertedero urbano” de la calle North Martel se encuentra nuevamente desbordado. Los residentes del área han arremetido duramente contra el Ayuntamiento de Los Ángeles, acusando a las autoridades locales de pasividad e inacción crónica ante un problema sanitario, ambiental y de seguridad que se prolonga por más de 15 años.
La propiedad afectada, una vivienda unifamiliar de estilo español valorada en unos 1.3 millones de dólares, vuelve a lucir sepultada bajo montañas de bolsas plásticas, latas, chatarra y ropa. Esta situación ha reactivado las alarmas en el vecindario ante el inminente riesgo de plagas de roedores, incendios espontáneos y la devaluación de los inmuebles colindantes.
Un ciclo de limpiezas insuficientes
El conflicto en torno al inmueble, habitado por Raymond Gaon, un veterano de guerra de 72 años, no es nuevo. En 2024, tras una intensa presión vecinal, la alcaldesa Karen Bass y trabajadores del Departamento de Obras Públicas intervinieron de forma extraordinaria mediante una declaración de emergencia de salud pública.
• El operativo previo: En aquella ocasión, cuadrillas equipadas con trajes especiales de protección contra materiales peligrosos (hazmat) y maquinaria pesada extrajeron más de 7 toneladas de basura, despejando el jardín exterior y reabriendo el tránsito vehicular de la zona.
• La recaída: A pesar del despliegue, el acopio compulsivo por parte del propietario reinició de inmediato. Los vecinos critican que el Ayuntamiento considerara el asunto “resuelto” tras la limpieza superficial, ignorando las advertencias de que los desechos tóxicos e inflamables regresarían a menos que se implementara una vigilancia o solución de fondo.
Tensión vecinal y parálisis institucional
“Esto me saca de quicio”, afirmó Yaniv Evan, residente de la misma cuadra desde hace 15 años, en declaraciones recogidas por el periódico Los Angeles Times, detallando cómo el propietario continúa buscando residuos en los contenedores públicos desde tempranas horas de la mañana.
La comunidad se encuentra dividida respecto a las medidas que debe adoptar la administración. Mientras un sector exige sanciones severas de orden criminal y la aplicación estricta de los códigos de salubridad y construcción, otros grupos de vecinos y allegados abogan por un enfoque integral de salud mental. Argumentan que, al tratarse de un trastorno de acumulación compulsiva, las respuestas punitivas o los desalojos forzados resultan inútiles si no se le asiste con apoyo médico, psicosocial y financiero a largo plazo, considerando además que el reciclaje constituye su sustento económico.
La respuesta judicial
Ante las crecientes críticas por la inacción del gobierno local, portavoces municipales señalaron que existe un proceso penal en curso en los tribunales de California. Las instancias judiciales evalúan actualmente dictaminar una tutela legal o curaduría sobre el inmueble para nombrar a un administrador externo. Esta figura civil asumiría la responsabilidad legal de gestionar la finca, mantener la higiene del terreno y prevenir nuevos focos de contaminación en el sector, una vía institucional que los vecinos exigen acelerar antes de que ocurra un siniestro mayor.
