Estados Unidos anunció este viernes medidas adicionales contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, restringiendo la obtención de visas a más de 100 funcionarios municipales.
Washington acusa a estos funcionarios de estar implicados en una “campaña represiva” que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas por ejercer sus libertades fundamentales.
La decisión se enmarca en la Proclamación Presidencial 10309, aprobada en noviembre de 2021, que suspende la entrada a EE. UU. de personas involucradas en acciones que amenacen la democracia en Nicaragua.
Estas medidas llegan justo antes del primer aniversario de la excarcelación de más de 200 presos políticos en Nicaragua, donde EE. UU. participó activamente facilitando un parole humanitario para su permanencia en territorio estadounidense durante dos años.
A pesar de estos gestos, el gobierno nicaragüense continúa deteniendo a voces críticas, lo que ha generado preocupación internacional.
La crisis sociopolítica en Nicaragua, que comenzó en 2018 con protestas contra Ortega, ha dejado más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos, mientras el gobierno de Ortega ha descrito las manifestaciones como intentos de golpe de Estado, una narrativa rechazada por la comunidad internacional.
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