El gobernador Gavin Newsom ha promulgado un amplio paquete legislativo que redefine el enfoque de California en materia de vivienda e infraestructura, con importantes implicaciones para los proyectos orientados al ferrocarril en todo el estado.
Las reformas, incorporadas en el Proyecto de Ley 130 de la Asamblea y el Proyecto de Ley 131 del Senado, revisan los procesos de revisión ambiental, aceleran los permisos e introducen nuevos mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas, al tiempo que promueven los objetivos del estado en materia de clima y transporte.
La legislación se basa en un marco reestructurado de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), diseñado para agilizar proyectos vitales para la infraestructura estatal, como la construcción de viviendas de relleno, el desarrollo urbano conectado al transporte público y el tren de alta velocidad. El paquete de reformas forma parte de la “Agenda de la Abundancia” de Newsom, cuyo objetivo es abordar la escasez sistémica de vivienda facilitando un desarrollo más rápido y asequible.
El impacto de la legislación en la infraestructura ferroviaria y las viviendas adyacentes es significativo. Las exenciones de la CEQA ahora se aplican a una amplia gama de proyectos, entre ellos:
- Instalaciones ferroviarias de alta velocidad, como las que dependen de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California
- Desarrollos orientados al tránsito (DOT) cerca de corredores ferroviarios existentes o planificados
- Infraestructura de servicios públicos y banda ancha que respalda la integración de estaciones ferroviarias
- Proyectos de servicio comunitario que incluyen centros multimodales y conectividad de primera y última milla
Fundamentalmente, el Programa de Implementación de Desarrollo Orientado al Transporte, descrito en la AB 130, ofrece a las ciudades nueva flexibilidad y vías de financiación para densificar las zonas cercanas a las líneas de transporte. El programa armoniza la producción de viviendas con la inversión ferroviaria, lo que permite a las jurisdicciones responder con mayor eficacia a las necesidades regionales de vivienda, a la vez que promueve la reducción de emisiones mediante el uso sostenible del suelo.
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