Un juez federal escuchará argumentos sobre si la administración Trump violó la ley federal cuando desplegó soldados de la Guardia Nacional y marines estadounidenses en Los Ángeles luego de las protestas de junio por las redadas de inmigración.
La administración del presidente Donald Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom y los líderes de la ciudad, luego de que estallaran las protestas el 7 de junio cuando oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a personas en múltiples lugares.
California le pide al juez Charles Breyer en San Francisco que ordene a la administración Trump devolver el control de las tropas restantes al estado y evitar que el gobierno federal utilice tropas militares en California “para ejecutar o ayudar en la ejecución de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por parte de cualquier agente u oficial federal”.
La Ley Posse Comitatus de 1878 impide al presidente utilizar las fuerzas armadas como fuerza policial nacional. El caso podría sentar un precedente sobre cómo Trump puede desplegar la guardia en el futuro en California y otros estados.
El lunes, Trump dijo que estaba desplegando la Guardia Nacional en Washington, DC, y asumiendo el control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir el crimen, incluso cuando el alcalde señaló que el crimen está disminuyendo en la capital de la nación.
En junio, el Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina en Los Ángeles. La mayoría de las tropas se han marchado ya, pero aún quedan 250 miembros de la Guardia Nacional , según las últimas cifras proporcionadas por el Pentágono. El resto de las tropas se encuentran en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos, según Newsom.
Newsom obtuvo una victoria temprana frente a Breyer, quien encontró que la administración Trump violó la Décima Enmienda de la Constitución, que define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.
La administración Trump apeló de inmediato, argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente y consiguió una suspensión temporal que permite que el control de la Guardia Nacional de California permanezca en manos federales mientras se desarrolla la demanda.
Después de su despliegue, los miembros de la guardia acompañaron a los oficiales federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos sitios de cultivo de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines en su mayoría montaron guardia alrededor de un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en el centro de las protestas.
La administración Trump argumentó que las tropas eran necesarias para proteger los edificios y el personal federal en Los Ángeles, que ha sido un lugar clave en la agresiva estrategia de inmigración del gobierno federal.
Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes sin permiso de residencia en Estados Unidos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas . Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos.
Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, dijo en documentos judiciales que las tropas eran necesarias porque la policía local tardó en responder cuando una multitud se reunió afuera del edificio federal para protestar por los arrestos de inmigración del 7 de junio.
“La presencia de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina ha desempeñado un papel esencial en la protección de la propiedad y el personal federal de las turbas violentas”, dijo Santacruz.
Tras la oposición de la administración Trump, Breyer emitió una orden que permitía a los abogados de California tomar la declaración de Santacruz. También tomaron declaración a un oficial militar sobre el papel de las tropas en Los Ángeles.
Los abogados de la administración Trump argumentaron en documentos judiciales la semana pasada que el caso debería cancelarse. Argumentaron que el presidente tiene la autoridad de recurrir a la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes estadounidenses cuando la aplicación de la ley federal no es suficiente.
Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California bajo la Sección 12406 del Título 10, que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país “es invadido”, cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno”, o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.
Breyer consideró que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión’”.
“El juicio de la próxima semana no se cancela”, dijo en un fallo que ordenó el juicio de tres días.
