La senadora María Elena Durazo de Los Ángeles ha presentado el proyecto de ley SB 1132, con el objetivo de otorgar a los departamentos de salud de los condados de California la facultad de investigar las condiciones sanitarias en los centros privados de detención, incluidos aquellos que mantienen bajo custodia a inmigrantes.
La medida busca asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de salud y seguridad pública, frente a las preocupaciones sobre el historial de violaciones de derechos humanos en dichos centros.
Según la senadora Durazo, estos centros con fines de lucro han tenido un historial preocupante en términos de salud, seguridad y derechos humanos. El proyecto de ley permitiría que los funcionarios de salud del condado ejerzan la misma capacidad de inspección que tienen sobre otras instituciones públicas, sin requerir una inspección anual.
California alberga actualmente seis centros privados de detención civil, los cuales deben cumplir con las leyes estatales y las órdenes de salud pública, pero frecuentemente no cumplen con los estándares básicos.
Diversas organizaciones proinmigrantes han respaldado la iniciativa, argumentando que los inmigrantes detenidos tienen los mismos derechos humanos a la salud y seguridad que cualquier persona en California.
La SB 1132 pretende garantizar que estas protecciones estén vigentes y que el estado continúe liderando en la protección de los derechos de los inmigrantes detenidos.
La medida llega en un momento en que abundan las quejas contra los centros de detención privados, particularmente por condiciones inseguras e insalubres.
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