“Aquí estamos y no nos vamos” es el mensaje de resistencia que organizaciones comunitarias, laborales y religiosas de Los Ángeles enviaron este martes al gobierno de Donald Trump, que ha continuado con las redadas migratorias en la zona, pese a la orden de una jueza que prohibió los arrestos indiscriminados.
Defensores de los migrantes realizaron una jornada de paro comunitario con más de media docena de eventos todo el día para decirle a la Casa Blanca que no han logrado “intimidar” a la comunidad tras más de dos meses de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Fracasaron en su misión de aterrorizarnos”, dijo en una conferencia de prensa la directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), Martha Arévalo.
“Vamos a seguir en pie de lucha”, agregó la activista que vio cómo agentes migratorios escondidos en un camión de mudanzas rentado lograron arrestar el miércoles a 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala, frente a un centro de jornaleros administrado por esa organización.
El operativo se realizó pese a la orden temporal emitida por una jueza que prohíbe a los agentes de Inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar específico o el tipo de trabajo que realiza la persona, en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), manifestó que si el gobierno Trump continúa violando la Constitución y desobedeciendo la orden del Tribunal están dispuestos a tomarse las calles de manera pacífica y defender los derechos de los migrantes.
“Aquí estamos y no nos vamos”, sentenció Salas al inicio de una manifestación en el Parque MacArthur, a pocas cuadras de donde se realizó la redada bautizada Operación Caballo de Troya, pocos días después de que el Noveno Circuito de Apelaciones mantuviera la restricción temporal emitida por un tribunal inferior.
Trump recurre al Supremo
El movimiento de resistencia en Los Ángeles obligó a la Casa Blanca a recurrir a la Corte Suprema, a la que pidió que levante las restricciones impuestas y le permita continuar con las detenciones.
En su solicitud al máximo tribunal, la administración Trump alega que la orden judicial obstaculiza la aplicación de la ley de inmigración y que los operativos persiguen a personas por su presencia ilegal en el país y no por el color de su piel, raza o etnia.
En su alegato de más de 80 páginas, los abogados del Ejecutivo aseguran que los agentes migratorios pueden tener “una sospecha razonable” para detener a un individuo observado extensamente hablando exclusivamente español, vistiendo el uniforme de un empleador conocido por contratar indocumentados o comprando en un negocio frecuentado por inmigrantes sin estatus legal.
Golpeado y maltratado
Pero todos los argumentos legales del gobierno Trump no convencen a Reyna, una ciudadana estadounidense, que ve con dolor cómo su hijo, de 40 años de edad, fue detenido por las autoridades migratorias en su trabajo de mantenimiento.
“Todo esto ha sido muy injusto, le torcieron un brazo que tenía recién operado, lo arrastraron, lo golpearon en su cabeza, todavía tiene dolor”, cuenta a Efe Reyna, que no quiso revelar su apellido.
El hijo de Reyna, migrante de El Salvador, lleva varios meses bajo custodia de ICE en el centro de detención de Adelanto (California).
La madre, que sufre de cáncer, se unió este martes a la jornada de resistencia. Aunque dice que se siente débil, quiso asistir para pedir solidaridad del público a familias como la de ella.
Su esperanza es que un juez de inmigración le otorgue una fianza a su hijo para que pueda salir en libertad.
“Él es un hombre bueno, sin ningún récord criminal, ha trabajado toda su vida, y es el sostén de nuestra casa. Este Gobierno está sentenciándome a muerte, no es el cáncer es la angustia de verme sola”, dijo la inmigrante con voz quebrada.
Boicot migrante
Reyna, junto con los activistas, han pedido al público unirse a un boicot contra corporaciones que han mantenido el silencio por los operativos migratorios como Home Depot, Walmart, Target, y ciertas cadenas de comidas rápidas.
Además han instado a ayudar a negocios locales impactados por las redadas y los vendedores ambulantes.
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