La crisis de vivienda en el condado de Los Ángeles ha alcanzado un punto de ebullición este inicio de 2026. A pesar de ligeros ajustes a la baja en los precios de venta, el déficit crítico de unidades y el fin de diversas protecciones temporales dibujan un panorama sombrío para millones de residentes.
El muro de los precios: Inalcanzable para la mayoría
Según los datos más recientes del mercado inmobiliario, el precio medio de una vivienda en la ciudad se sitúa en $975,000. Aunque esto representa una caída del 9% respecto al año anterior, la cifra sigue siendo prohibitiva en una ciudad donde el costo de vida es un 137% superior al promedio nacional.
La situación es igual de grave para los inquilinos. Un tercio de las familias en Los Ángeles destina más de la mitad de su sueldo al alquiler, una carga financiera que ha empujado a cerca de 60,000 personas a vivir en las calles, según reportes de las autoridades locales.
El reto de la construcción: Metas imposibles
El corazón del problema radica en la falta de inventario. Según el plan estatal 2021-2029, el condado debería construir 101,500 unidades anuales para equilibrar el mercado. Sin embargo, la realidad es drástica: durante 2024 apenas se terminaron 28,453 unidades. Los expertos señalan que el ritmo de construcción ha colapsado desde las 70,000 unidades anuales de la década de los 50 a menos de 15,000 en promedio por década recientemente.
2026: Un año de cambios legislativos
Para intentar frenar la crisis, este año entran en vigor medidas clave:
- Topes al Alquiler: Desde este febrero, los aumentos bajo la Ordenanza de Estabilización de Alquileres se han limitado a un máximo del 4%.
- Rezonificación Agresiva: La ley SB 79, que entrará en vigor en julio, permitirá edificios de hasta nueve pisos cerca de estaciones de transporte, rompiendo con la hegemonía de las zonas de casas unifamiliares.
- Inyección de Fondos: Se espera que la Ley de Bonos de Vivienda Asequible (SB 417) libere $10 mil millones para subsidios y ayuda a primeros compradores.
Un futuro incierto
Pese a estos esfuerzos, la sombra de los desalojos masivos acecha. Con los posibles recortes presupuestarios federales y la expiración de fondos de emergencia, las organizaciones de defensa del inquilino advierten que 2026 podría ser el año en que la brecha entre quienes tienen un techo y quienes no se vuelva irreversible.
