A pesar de la protección otorgada por la ley estatal AB 972 para los vendedores ambulantes de comida, diversas ciudades están intensificando las medidas de salubridad, generando conflictos con aquellos que dependen de esta actividad para subsistir.
A través de las redes sociales, se evidencia un aumento en las incursiones de inspectores de salubridad locales, quienes imponen sanciones más rigurosas, incluyendo multas y cargos por delitos menores.
El Departamento de Aplicación de Códigos del Condado de Los Ángeles ha respondido a las quejas de la comunidad, destacando la detección de cuatro operaciones de venta de alimentos no autorizadas durante investigaciones recientes.
Mientras algunos vendedores cumplen con las normativas, dueños de establecimientos locales expresan preocupación por la basura y las aglomeraciones generadas, alimentando así el debate sobre la coexistencia de esta actividad con los negocios establecidos.
Aunque la ley estatal brinda el respaldo para que los vendedores ambulantes ganen sustento, la imposición de reglas locales y la necesidad de permisos específicos por parte de cada ciudad complican la situación.
Mientras algunos negocios reciben a los vendedores ambulantes con condiciones, la creciente tensión entre la ley estatal y las normativas locales plantea desafíos significativos para aquellos que dependen de esta forma de comercio.
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