a alcaldesa Karen Bass firmó este martes una ordenanza actualizada de estabilización de renta en Los Ángeles.
La ordenanza limita los aumentos anuales de alquiler entre el 1% y el 4%, además de eliminar los cargos adicionales por servicios públicos para los apartamentos construidos antes del 1 de octubre de 1978.
Bass firmó los nuevos lineamientos para las unidades sujetas a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO), autorizando la primera reforma importante de la ley de control de alquileres en más de cuatro décadas.
La decisión de Bass finaliza la labor llevada a cabo por el Concejo Municipal de Los Ángeles para promulgar dichos cambios en los últimos meses.
Se espera que la nueva ley entre en vigor a finales de enero de 2026.
“Ningún padre debería tener que elegir entre comprar alimentos o pagar el alquiler, ni vivir con miedo al desalojo por haber dado la bienvenida a un hijo a su familia”, expresó Bass en un comunicado.
“En colaboración con el Concejo Municipal, estamos promulgando nuevas protecciones para los inquilinos y limitando el alquiler de las unidades de apartamentos protegidas por la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la ciudad”, agregó.
La alcaldesa de Los Ángeles expresó que la nueva ley protege a los inquilinos al tiempo que simplifica los procesos y recursos para los proveedores de vivienda, para que más personas puedan tener vidas plenas y estables.
Durante la firma de la nueva ordenanza, la alcaldesa Bass estuvo acompañada por el concejal Hugo Soto-Martínez y por miembros de Strategic Actions for a Just Economy.
“Poder pagar el alquiler no es un lujo, es una necesidad básica. Por primera vez en 40 años, estamos tomando medidas significativas para garantizar que más angelinos puedan permitirse vivir donde trabajan y seguir prosperando en las comunidades a las que sirven”, dijo Soto-Martínez.
“Esto apoyará a las familias y garantizará que la gente no se vea obligada a abandonar Los Ángeles por los altos precios“, añadió el concejal en un comunicado.
La RSO establece aumentos anuales de alquiler permitidos entre el 1% y el 4%, determinados por el 90% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este límite se aplica a las propiedades en la ciudad de Los Ángeles con dos o más unidades construidas antes del 1 de octubre de 1978, más de 650,000 unidades en total.
La ley elimina los cargos adicionales por electricidad y gas, además de prohibir los aumentos de alquiler para inquilinos adicionales, como bebés o familiares mayores a cargo de los residentes principales.
El cambio será menor en comparación con las normas anteriores, que limitaban los aumentos anuales de alquiler de las unidades RSO entre el 3% y el 8%, así como permitir un aumento del 1% para el gas y la electricidad.
Los propietarios todavía pueden aumentar el alquiler en un 10% para los ocupantes adicionales no dependientes.
Los críticos de la nueva ordenanza afirman que perjudicará todavía más a los propietarios, quienes ya se enfrentan a un aumento en los costos de mano de obra y materiales para construir nuevas viviendas, además de mantener a las propiedades existentes.
