Seis meses después de aprobar el mayor acuerdo por abuso sexual en la historia de Estados Unidos, funcionarios de Los Ángeles anunciaron que el condado acordó tentativamente pagar otra enorme suma, casi mil millones de dólares, para resolver más de 400 reclamos adicionales contra empleados del condado.
En abril, el condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo histórico de 4000 millones de dólares con cerca de 11 000 demandantes y denuncias de abuso sexual en centros de detención juvenil de Los Ángeles que se remontan a décadas atrás. El viernes, el condado anunció que había alcanzado otro acuerdo importante por 828 millones de dólares, pendiente de la aprobación de la junta de supervisores, el órgano rector del condado y la junta de reclamaciones del condado.
“Nuestros acuerdos equilibran nuestra obligación de compensar a las víctimas y tratar sus experiencias con compasión, con la necesidad de implementar fuertes protecciones para proteger a los contribuyentes del fraude”, dijo Kathryn Barger, presidenta de la junta de supervisores del condado de Los Ángeles, en un comunicado.
Aún quedan 2500 casos sin resolver, no contemplados en ninguno de los acuerdos, y se espera que esa cifra aumente, según el condado. Los acuerdos han agravado los problemas financieros sin precedentes del condado , que se agravaron tras los incendios forestales que asolaron la región a principios de este año.
Los funcionarios del condado dijeron al anunciar el nuevo acuerdo que “se revisará la credibilidad de cada reclamo individual y los demandantes que se determine que presentaron reclamos fraudulentos no recibirán dinero del acuerdo”.
Las autoridades investigan acusaciones de que algunas personas recibieron pagos para presentar reclamaciones. Nueve demandantes incluidos en el primer acuerdo afirmaron haber recibido pagos para presentar una demanda, y cuatro de ellos afirmaron haber presentado reclamaciones fraudulentas, según una investigación de Los Angeles Times.
Las demandas presentadas por miles de personas alegaron haber sido maltratadas y abusadas sexualmente en hogares de acogida y centros de detención juvenil en el condado, con denuncias que se remontan a 1959. Pudieron demandar gracias a una ley de California que entró en vigor en 2020 que suspendió el plazo de prescripción para las víctimas de abuso sexual infantil, permitiéndoles presentar casos durante tres años.
El condado dijo que su capacidad para evaluar la validez de las acusaciones se vio obstaculizada por la falta de registros, la gran cantidad de casos y los límites ordenados por el tribunal al descubrimiento legal, dijeron los funcionarios.
Según el acuerdo de 4000 millones de dólares, la cantidad pagada a cada demandante podría oscilar entre 100 000 y 3 millones de dólares. Si se aprueba el último acuerdo, las indemnizaciones individuales se determinarán en función de factores como la gravedad del abuso alegado.
En su declaración, el condado dijo que los reclamos presentados por el bufete de abogados Downtown LA Law Group, o DTLA, en el acuerdo de abril serán sometidos a un escrutinio adicional.
Algunos de los demandantes representados por el bufete declararon al LA Times que personas que conocieron fuera de una oficina de servicios sociales del condado les ofrecieron dinero para presentar reclamaciones, los llevaron al bufete del centro de Los Ángeles y luego les pagaron cantidades que oscilaban entre $50 y $200 a cada uno. La ley de California prohíbe a quienes no son abogados solicitar a personas que se inscriban en demandas con un bufete.
El condado de Los Ángeles ha negado cualquier irregularidad. A los demandantes representados por la firma se les podría solicitar que concurran a entrevistas adicionales y aporten más pruebas de las acusaciones, dependiendo de la naturaleza de la reclamación y del presunto fraude, indicó el condado.
El condado también podría remitir a los abogados acusados de pagar reclamos al colegio de abogados del estado para una posible acción disciplinaria, dijeron los funcionarios.
DTLA Law Group dijo que filtró casi 13.000 consultas y solo aceptó una fracción de los casos.
“No pagamos a nuestros clientes para que presenten demandas y nos oponemos firmemente a tales acciones. Si alguna vez supiéramos que alguien relacionado con nosotros, en cualquier función, hizo algo así, terminaríamos nuestra relación con ellos de inmediato”, declaró el bufete. “Queremos justicia para las víctimas reales”.
El condado ha implementado más medidas de seguridad para prevenir el abuso y actuar con rapidez si ocurre, según informaron las autoridades. Esto incluye una nueva línea directa para denunciar acusaciones de abuso sexual infantil contra empleados del condado, cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales de año.
Pero los funcionarios dijeron que la ley que permite las demandas ha colocado una grave presión financiera en el condado y ha requerido recortes a programas y servicios “críticos” y que se necesitan “soluciones de sentido común que logren el equilibrio adecuado para las víctimas, el condado de Los Ángeles y otras entidades públicas”.
“El condado de Los Ángeles y otros gobiernos locales deben equilibrar sus obligaciones hacia las víctimas pasadas con la necesidad de evitar impactos financieros ruinosos que socavarían los servicios de red de seguridad social de los que dependen hoy nuestros jóvenes, familias y comunidades”, dijo Joe Nicchitta, director ejecutivo interino del condado.
El acuerdo de 4.000 millones de dólares de abril superó con creces el acuerdo de 2.600 millones de dólares alcanzado en 2022 con los Boy Scouts of America, el acuerdo por abuso sexual más grande en la historia de Estados Unidos en ese momento.
