Inmigrantes que venden comida, flores y otros productos en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad destinadas a mantener sus identidades en secreto frente a los agentes federales de inmigración.
La medida, promulgada esta semana por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se suma a otras leyes estatales promulgadas recientemente con las que se pretende proteger a los estudiantes en las escuelas y a los pacientes en los centros de salud del alcance de las acciones del presidente Donald Trump contra la migración no autorizada.
Estados gobernados por demócratas están añadiendo leyes que resisten a las acciones de Trump, incluso mientras él intensifica su campaña de deportación al intentar desplegar efectivos de la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas con el fin de reforzar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los cuales arrestan a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.
En contraste, algunos estados gobernados por republicanos están exigiendo que las agencias locales cooperen con los agentes del ICE.
“Las acciones de los estados realmente reflejan la polarización del país en este tema”, de acuerdo con Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración y quien apoya las restricciones a la inmigración. “Hemos visto a algunos estados movilizarse para cooperar en la mayor medida posible” con el gobierno de Trump, y a otros “haciendo lo que pueden para tratar de impedir que se apliquen las leyes migratorias en su estado”.
En todo Estados Unidos, legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración, según un análisis de The Associated Press efectuado con ayuda del software Plural, que da seguimiento a proyectos de ley. Las medidas están divididas casi por partes iguales entre aquellas que otorgan protecciones a los inmigrantes y las que se las niegan.
California está protegiendo la información de los inmigrantes
Una parte significativa de los vendedores ambulantes urbanos de California está constituida por inmigrantes. Algunos han sido detenidos en operativos migratorios, en parte porque su trabajo al aire libre en lugares públicos los convierte en blancos más fáciles que las personas que están bajo techo.
Suele requerirse que los vendedores ambulantes de California cuenten con permisos de las ciudades o los condados para poder ejercer su labor. La nueva ley les prohíbe a los gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio de los vendedores, exigir huellas dactilares o divulgar información personal —nombre, dirección, fecha de nacimiento, sus identificadores en redes sociales y números de teléfono, licencia de conducir y Seguro Social, entre otras cosas— sin una citación judicial.
La ley, que entrará en vigor el 1 de enero, fue impulsada por preocupaciones de que las bases de datos de vendedores que están en manos de los gobiernos locales pudieran ser examinadas por agentes migratorios federales con el fin de detener o deportar a personas.
“Estamos hablando de seguridad en serio: seguridad para los negocios, seguridad para los seres humanos, seguridad para las personas que han pasado por tanto”, señaló Sergio Jimenez, organizador de vendedores ambulantes con la organización sin fines de lucro Community Power Collective en Los Ángeles.
Leyes adicionales firmadas recientemente por Newsom añaden el estatus migratorio a una lista de información médica protegida y les prohíben a las escuelas otorgar acceso a agentes federales de inmigración sin una orden judicial. Otra nueva ley de California les ordena a las escuelas e instituciones de educación superior notificar de inmediato al personal y a los estudiantes o padres cuando haya funcionarios de inmigración en el campus.
Estados demócratas crean lugares seguros para inmigrantes
Al asumir el cargo, Trump revirtió una política que le impedía a los agentes federales de inmigración arrestar a personas en lugares delicados, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Al igual que California, otros estados gobernados por demócratas respondieron con leyes que intentan crear lugares seguros para los inmigrantes.
Una ley de Maryland promulgada este año requiere que las escuelas públicas, bibliotecas y centros de salud restrinjan el acceso a los funcionarios de inmigración, a menos que presenten una orden judicial. El gobernador republicano de Nevada vetó una medida similar para las escuelas que había sido aprobada por el Congreso liderado por demócratas.
Mientras tanto, una nueva ley de Colorado permite aplicar sanciones civiles de hasta 50.000 dólares para centros públicos de cuidado infantil, escuelas, universidades, centros de salud y bibliotecas que recopilen información sobre el estatus migratorio de las personas, con algunas excepciones. Nuevas leyes en Rhode Island les prohíben a los proveedores de salud y propietarios preguntar sobre el estatus migratorio de las personas. Oregon también promulgó una ley similar para los propietarios.
You must be logged in to post a comment Login